· Con la medida cautelar radicada por vía electrónica ante el Juzgado Civil Especializado en Restitución de Tierras de Cundinama...
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Con la medida cautelar radicada
por vía electrónica ante el Juzgado Civil Especializado en Restitución de
Tierras de Cundinamarca, la Unidad solicitó la protección de 94.670 hectáreas
en las que habitan 2.703 personas, pertenecientes a 10 pueblos indígenas:
Tsiripu, Waüpijiwi, Yaruro, Amorúa, Yamalero, Maibén masiware, Sikuani, Cuiba
Wamonae, Piapoco y Sáliba.
Villavicencio, 16 de julio de 2020 (@URestitucion).
Ante el inminente riesgo de desaparición física y cultural por la falta de
espacio para la reproducción material y
cultural de los pueblos que integran el resguardo indígena “Caño Mochuelo”,
ubicado en Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare), la Unidad de Restitución
de Tierras, solicitó a la autoridad judicial competente la adopción de medidas
cautelares en favor de sus 2.703 habitantes.
La solicitud radicada
de manera electrónica en el Juzgado Especializado en Restitución de
Cundinamarca y durante el aislamiento obligatorio, busca proteger el territorio
indígena de 94.670 hectáreas que ocupa ese resguardo multicultural y multiétnico,
al que pertenecen los 10 pueblos ancestrales: Tsiripu, Waüpijiwi, Yaruro,
Amorúa, Yamalero, Maibén masiware, Sikuani, Cuiba Wamonae, Piapoco y Sáliba,
El ingeniero Wilson
Leyton, director de la Unidad en Meta, señaló que el objetivo de este
instrumento es que se adopten medidas eficaces y oportunas para frenar las
afectaciones territoriales a la comunidad étnica de “Caño Mochuelo”, entre las que
se encuentran: el confinamiento, abandono y despojo; la vulneración al derecho
a la autodeterminación y al gobierno propio; vulneración al uso, ocupación y
disfrute del territorio y de los recursos naturales; vulneración a la salud; al
derecho a la seguridad alimentaria; y a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Se pretende que la medida
cautelar también cobije a la comunidad Yajotja, puesto que sus miembros, son
originarios del resguardo Caño Mochuelo y ellos tuvieron que huir hacia La
Primavera, Vichada porque se presentaron casos de abuso sexual a niños y
mujeres de la comunidad Merey (originaria de los Yajotja), además de amenazas a
líderes por parte de grupos ilegales, y violaciones a los derechos
territoriales.
Así las cosas, las
pretensiones de la medida cautelar radicada por la Unidad de Restitución son: culminar
el proceso de ampliación del resguardo Caño Mochuelo; fortalecimiento de los
saberes ancestrales, la autonomía territorial, la integridad política y organizativa
y el gobierno propio, formación de líderes y el derecho propio, derecho mayor y
la Ley Natural. Además, busca adelantar acciones que garanticen la seguridad
alimentaria; diseñar e implementar el modelo de salud propio que garantice atención
integral; y el fortalecimiento a la guardia indígena como medida de protección colectiva.
“La
Unidad de Restitución de Tierras continuará trabajando por la reparación
integral de los derechos a las comunidades indígenas de la Orinoquia”, puntualizó
Wilson Leyton, director de la URT en Meta.
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