Una pena de 30 meses de prisión y multa de más de 12 mil salarios mínimos legales vigentes, impuso el Juzgado Cuarto penal del Circuito en...
Una pena de 30 meses de prisión y
multa de más de 12 mil salarios mínimos legales vigentes, impuso el
Juzgado Cuarto penal del Circuito en contra de Sandra Liliana Velásquez
Peñuela, en calidad de autor penalmente responsable del delito de
peculado por apropiación de más de $50 millones de pesos del Hospital
Departamental del Meta.
La Fiscalía General demostró que Velásquez
Peñuela, entre septiembre de 2016 y abril de 2018, cuando se
desempeñaba como coordinadora de la Unidad de Emergencias del Hospital
Departamental en Villavicencio (Meta), durante 17 meses, se apropió de
$54'375.000 de pesos que conformaban el presupuesto del Hospital Departamental. .
Con el material probatorio presentado por
la Fiscalía, la condenada de 51 años aceptó su responsabilidad en
los hechos imputados en audiencias concentradas de marzo de 2019, momento en el
cual no aceptó los cargos.
El ente investigador evidenció que
Velásquez Peñuela solicitaba a los médicos del Hospital Departamental
que firmaran adiciones a los contratos y luego presentaran
cuentas de cobro por noventa (90) horas, supuestamente trabajadas.
Luego de consignados los dineros, los galenos debían devolverlos a la
hoy condenada. Según se demostró, los pagos se hacían en efectivo en
la casa, en el hospital y, en algunas oportunidades, a través de un tercero.
La apropiación de estos dineros se cumplió
en veintidós (22) ocasiones, con la firma de catorce (14) médicos,
que entregaron a la condenada entre $2'500.000 y $2'343.750, cada uno.
En el fallo emitido, el Juzgado negó a la sentenciada la concesión de los
subrogados penales de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la
sustitución por prisión domiciliaria, por lo cual Velásquez Peñuela
deberá cumplir la pena impuesta en el establecimiento penitenciario que
el INPEC determine, el cual debe cumplir medidas de seguridad necesarias para
evitar el contagio del Covid-19.
Ante la decisión del juez, la Fiscalía
solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico
de la condenada y garantizar que esté en buenas condiciones antes de realizar
su traslado al lugar de detención.
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