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El saldo criminal en el sur del Meta ha sido desolador y trágico. Desde 2013 se han deforestado en estas zonas más de 200.000 hectáreas de bosque, es decir, unos 300 millones de árboles talados. Estas áreas son equivalentes al tamaño del departamento del Quindío y al 80 por ciento del área de Bogotá. A diario se tala una zona similar a 140 canchas de fútbol.
A mediados de febrero se cumplirá un año de otro atentado ambiental penoso: un gigantesco incendio provocado en el parque nacional Tinigua, que hace parte del área especial de La Macarena. Se perdieron 220 hectáreas por quemas a cielo abierto de los colonos para generar prados y ganadería. El fuego alcanzó a estar a tan solo 200 metros del río Caño Cristales. Para colmo de males, el pasado mes de diciembre fue asesinado por sicarios Javier Francisco Parra Cubillos, un líder ambientalista de Cormacarena.
Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, emerge como el líder que lucha de manera frontal contra la deforestación para detener el ecocidio histórico. “El año pasado nos comprometimos a afrontar una guerra que no podemos perder: la lucha contra la deforestación. El Meta, que en los últimos años ha mostrado unas cifras vergonzosas, se va a convertir en un departamento modelo en esta lucha. A mediados de enero, en una nueva visita a La Macarena con acompañamiento de Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, Ejército Nacional, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General de la Nación, Cormacarena y Gobernación del Meta, revisamos y fortalecimos nuestra articulación”.
El Gobernador se refiere a la Estrategia de Lucha Contra la Deforestación (EDLD), que estableció el año pasado al asumir el mandato, con dos componentes: el primero, seguridad y presencia en el territorio de fuerzas militares y de Policía. El segundo, una oferta institucional y articulación de las entidades competentes en asuntos sociales, ambientales y de seguridad.
La seguridad y el cartel de los más buscados
En palabras del Gobernador, la devastación está impulsada para el desarrollo de cultivos de coca, ganadería extensiva, acaparamiento de tierras y venta ilegal de madera.
La Gobernación del Meta, en articulación con el Gobierno Nacional, Cormacarena y la fuerza pública, adelanta acciones de mitigación bajo la iniciativa Alianza Sur del Meta. Desarrolla y apoya estrategias como la Operación Artemisa (estrategia militar para detener la deforestación en Colombia, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y autoridades ambientales) donde se han realizado 28 capturas por delitos ambientales, especialmente enfocados a tala de árboles nativos en bosques forestales.
Se han reforestado más de 93.098 árboles y se realiza monitoreo y recuperación a más de 2.000 hectáreas en el sur del Meta.
“En el sur del departamento se encuentran ecosistemas vitales para el planeta, tres parques nacionales naturales, importantes cuerpos hídricos y un gran número de especies en flora y fauna que enriquecen la biodiversidad del departamento. Pero la distancia y las difíciles condiciones de acceso lo convierten en corredor estratégico para el establecimiento de cultivos de uso ilícitos, acaparamiento de tierras por medio de ganadería o cultivos no compatibles con el uso del suelo. Históricamente esta zona no ha contado con presencia del Estado”, agrega Zuluaga.
La persecución a los delincuentes trajo más resultados. El pasado 24 de enero la Fiscalía judicializó a Vidal Rojas Herrera, señalado como uno de los presuntos responsables de la ganadería extensiva en los Parques Naturales de la zona Orinoquia, especialmente de Tinigua. Es propietario del predio La Esmeralda, en San Vicente del Caguán (Caquetá), desde donde se habría ordenado la tala indiscriminada de bosque y se adecuaron 1.139 hectáreas para la cría de ganado. Esta actividad está prohibida en zonas de reserva forestal y de especial protección ambiental. Un fiscal le imputó al sindicado los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales e invasión de área de especial importancia ecológica agravado e incendio.
El detenido hace parte de una lista de 56 personas investigadas por las autoridades que estarían realizando pastoreo de ganado dentro de las zonas protegidas de esa región del país. Según cifras de Parques Nacionales Naturales de Colombia a corte del 31 de diciembre de 2020, en la Orinoquia se han perdido 6.908 hectáreas por esta práctica ilegal: a la serranía de La Macarena le han arrasado 3.292; en el Tinigua (frontera entre Meta y Caquetá) los bosques deforestados llegan a las 3.275 hectáreas, y en el parque de Los Picachos, a 341 hectáreas.
Pero estos ganaderos inescrupulosos acaparadores de tierra no son los únicos responsables. Según las autoridades, también delinquen las disidencias de las Farc y grupos armados organizados con presencia en la zona. En noviembre pasado el gobernador del Meta, en compañía del fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, divulgaron al final de un consejo de seguridad en Villavicencio “El cartel de los más buscados” de la deforestación: nueve personas responsables del ecocidio en el sur del departamento. El Ministerio de Defensa y la Gobernación del Meta ofrecen hasta 20 millones de recompensa por información que permita dar con su captura.
Uno solo de los señalados es acusado de talar cientos de hectáreas en el municipio de Mapiripán: donde en el último año han sido devastadas 12.000 hectáreas de selva en una sola vereda.
“Estos bandidos ofrecen hasta cinco millones de pesos por cada hectárea de bosque talada y quemada, sumando así 7.000 hectáreas boscosas en el primer semestre de 2020 en el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) y 23.000 hectáreas en todo el departamento durante el mismo tiempo. Esta devastación está impulsada exclusivamente para el desarrollo de cultivos de coca, ganadería extensiva, acaparamiento de tierras y venta ilegal de madera. Esta actividad no la realizan pequeños campesinos, pues es evidente que estos motores de deforestación requieren grandes recursos que provienen de actividades ilegales”, señala el gobernador Zuluaga.
La oferta institucional
Junto al tema de seguridad, el segundo frente de la estrategia articulada de fuerza pública, Gobernación del Meta y gobierno nacional se encamina en la oferta institucional y estimular la economía de los colonos en las zonas. Se están desarrollando programas de pagos por servicios ambientales, programas de reconversión productiva y restauración de ecosistemas con la red más grande de viveros públicos del país. Así mismo, y en desarrollo del CONPES 4021 de 2020, la Gobernación del Meta avanza en el desarrollo de contratos de uso y convenios comunitarios para restauración de ecosistemas.
Una alternativa de ingresos a la conservación de los bosques se hace a través de la estrategia Alianza Sur del Meta, donde se encuentran varias entidades que velan por los recursos naturales del territorio. Se firmó un acuerdo entre campesinos y el Gobierno departamental para proteger 500 hectáreas en Guamal y 1.000 en Cubarral, beneficiando así a 33 familias que recibieran 300.000 mil pesos mensuales cada una por proteger las zonas de recarga hídrica de los acueductos municipales. En el marco de la Alianza Sur del Meta se tiene previsto para el 2021 beneficiar mediante esta modalidad a más de 600 familias.
Otro frente de acción institucional es el fortalecimiento a los viveros subregionales que deberán producir en los próximos cuatro años 10 millones de árboles. Esta red de viveros estará conformada por centros de producción de material vegetal del Ejército, Cormacarena, Sinchi, municipios y la Gobernación del Meta.
El CONPES 4021, la ruta a diez años
El Gobierno nacional tiene dentro de sus estrategias el cuidado y protección de los bosques y reservas. Fruto de ello es el documento Conpes 4021, que establece la ‘Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques’, la cual fue liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El presidente Iván Duque Márquez lo presentó en Leticia el pasado 9 de enero. “Hoy adquiere ya carácter formal el documento Conpes, que es el 4021. Esta es la política pública que formula Colombia, de corto, mediano y largo plazo, para enfrentar la deforestación y proteger, de manera estructural, convocando a todas las áreas de Gobierno en la protección de la biodiversidad”, dijo en la presentación de esta política el Presidente.
Este nuevo documento establece como foco principal 11 núcleos de alta deforestación (NAD), ubicados en 150 municipios y considerados como los territorios más afectados por la pérdida de cobertura de bosque natural en Colombia. Dos de estos 11 NAD son Sur del Meta y otro, el municipio de Mapiripán.
Según el CONPES, estos NAD aportan el 64% de la deforestación nacional, en la jurisdicción de 17 departamentos y 150 municipios. En relación con el nivel municipal se estableció que los NAD hacen parte de 92 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de 120 de las zonas más afectadas por el conflicto armado.
“Somos el departamento más biodiverso del país y vergonzosamente desde el 2013 se han deforestado 200 mil hectáreas. La protección y conservación del medio ambiente está en primer renglón de nuestra agenda. El Meta se convertirá en el departamento modelo en la lucha contra la deforestación en Colombia con la nueva hoja de ruta por 10 años que estableció el Gobierno nacional con el Conpes 4021”, concluye el gobernador Zuluaga.
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