El hombre que, supuestamente, pagó para que le entregaran a la menor de edad también fue judicializado. Porsolicitud de la Fiscalía Gen...
El hombre que, supuestamente, pagó para que le entregaran a la menor de edad también fue
judicializado.
Porsolicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantíasimpuso medida
de aseguramiento en centro carcelario a una mujer que habría vendido a su bebé recién
nacida por un millón de pesos.
Los hechos ocurrieron en Yopal (Casanare). La madre, de nacionalidad venezolana,
presuntamente fue contactada por redes sociales y mensajes de texto. El pasado 14 de
febrero, cuando la niña tenía tres días de nacida, un hombre llegó al centro médico y se
registró como si fuera el padre de la menor de edad, sin serlo.
En la investigación se conoció que esta persona se acercó a la habitación en la que estaba la
mujer y, supuestamente, le entregó $500.000 con el compromiso de que le daría el excedente
cuando firmara un permiso para poder sacar a la niña del país.
La madre fue dada de alta y regresó sin la bebé al inmueble en el que vivía. Ante las preguntas
de los vecinos respondió que la menor había muerto; sin embargo, esa explicación no
convenció a los residentes, quienes acudieron a las autoridades y la denunciaron.
La rápida labor investigativa de la Fiscalía y del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia
de la Policía Nacional puso en evidencia el engaño. La niña fue ubicada y entregada al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Por su
parte, la mujer y el hombre que presuntamente pagó por la niña fueron capturados.
Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Casanare imputó a la
madre el delito de tráfico de niñas, niños y adolescentes con circunstancias de marginalidad
y pobreza extrema, el cual fue aceptado.
La otra persona fue imputada por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes;
obtención de documento público falso, y supresión, alteración o suposición del estado
civil. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien recibió medida de
aseguramiento en centro carcelario.
Este resultado judicial es respuesta de la priorización de los delitos contra la infancia y la
adolescencia, definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el
Direccionamiento Estratégico 2020-2024.
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