Judicializados dos desmovilizados de las Farc por presunto hurto y secuestro en Meta

 Una tercera persona también fue judicializada por portar un celular reportado como hurtado en  uno de lo eventos ilegales asociados. Por so...

 Una tercera persona también fue judicializada por portar un celular reportado como hurtado en 

uno de lo eventos ilegales asociados.

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Meta fueron judicializados Ney Alexander Vesga 

Amaya, alias 'Costeño' y John Alejandro Rodríguez Sánchez, alias 'Botija'; 

certificados desmovilizados de las FARC. También fue vinculada al proceso Anyi Yohanna Uribe 

Palencia, capturada en flagrancia con un celular reportado como robado en uno de los hurtos 

asociados.

Por decisión del Juzgado Noveno Penal Municipal los dos hombres recibirán medida 

de aseguramiento en centro carcelario. La mujer quedó vinculada al proceso judicial y deberá 

responder al mismo en libertad.

Estas decisiones se dan debido a la presunta relación de Vesga y Rodríguez con la banda 

delincuencial 'Los Cargueros', red ilegal que entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 

habría contratado personas con vehículos y motocicletas que prestaban el servicio de carga para 

hurtarles los vehículos y las pertenencias.

Según la investigación los dos hombres contactaban a sus víctimas vía telefónica para que 

cumplieran supuestos servicios en zonas rurales. En dichos lugares eran intimidados con armas 

de fuego, amordazados, amarrados de pies y manos; y retenidos por varias horas; mientras se 

concretaban los robos.

Estas acciones se presentaron en área rural de los municipios de Guamal, Acacías y Villavicencio 

(Meta).

Las capturas se cumplieron en los barrios Maranta y Girasoles de Villavicencio (Meta).

La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y 

receptación. Ninguno aceptó su responsabilidad.

El ente acusador le solicitó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que Vesga y Rodríguez, como 

desmovilizados de las Farc, sean excluidos del programa de beneficios de no pagar las condenas 

emitidas en su contra por hechos similares ocurridos en 2016.