La justicia ordenó reparar integralmente a 484 familias, pertenecientes al pueblo Sikuani y ubicadas en Puerto Gaitán. Esta crucial sentenc...
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) celebra el fallo proferido por la Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
¿Dónde están y cuántos son?
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
Décadas de violencia, despojo y confinamiento.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Estas condiciones llevaron al abandono forzado, la ruptura del tejido social y cultural, así como la imposibilidad de ejercer prácticas tradicionales de caza, pesca, recolección, ritualidad y medicina ancestral.
Aspectos clave que tuvo en cuenta el tribunal
En su análisis, la justicia concluyó que La Campana y Awalibá constituyen territorio ancestral indígena, protegido por la Constitución y el derecho internacional. Además, que los terceros opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, pues muchos de ellos no cumplían los requisitos legales para ocupar tierras ubicadas en una zona de reserva especial indígena.
Agrega el tribunal que existió una relación directa entre el conflicto armado, la industria extractiva y el despojo territorial. Así mismo, que el Estado incurrió en omisiones históricas, al no formalizar ni proteger integralmente el territorio indígena; y que las comunidades fueron privadas de su derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
Órdenes de la sentencia
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Finalmente, el director Barreto destacó la trascendencia de esta decisión judicial: “esta es una restitución histórica, que dignifica al pueblo Sikuani y reafirma que el Gobierno del Cambio está del lado de las comunidades indígenas. No se trata solo de devolver la tierra, sino de garantizar la recuperación de su cosmovisión, su espiritualidad y su relación ancestral con el territorio. La restitución étnica es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro y una herramienta clave para la paz y la justicia social”, afirmó.
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